Entendemos como
corrupción toda utilización del poder público para realizar cualquier actividad
que incurre en un delito. Se utiliza la ventaja del poder que queda otorgado
legítimamente por los supuestos democráticos (elecciones, oposiciones, etc,..)
para conseguir una ventaja que no favorece al resto de ciudadanos, sino que es
para beneficio propio de dicha persona.
Por otro lado,
encontramos como definición de fraude al acto de eludir una disposición legal
en perjuicio del Estado o de terceros, y el delito que comete el encargado de
vigilar la ejecución de contratos públicos o privados cuando utilizan tal poder
para decantarse por los intereses propios o de terceros.
La situación
política y económica actual española no pasa por su mejor momento.
Las continuas
movilizaciones ciudadanas, actos y manifestaciones de reivindicación son el
reflejo del descontento ciudadano respecto la situación política en la que se
ve envuelta el país. La ciudadanía es
testigo de portadas que retratan la cara más sucia de los estamentos políticos.
Y es que diariamente, la población esta expuesta a una explosión de información
sobre el nivel de corrupción que envuelve el país. Desde estamentos locales,
pasando por autonómicos hasta el Gobierno Central; desde los partidos mayoritarios,
hasta los mas pequeños.
Esta coyuntura
económicosocial, hace que el debate sobre la corrupción en España este a la
orden del día. La ciudadanía cada vez es más consciente de los perjuicios que
considera tener un sistema político corrupto. Es por esto, que la población ha
comenzado a interesarse sobre este tema en concreto, llegando a considerar la
clase política, la corrupción y el fraude como una de las mayores
preocupaciones, solo por detrás del paro y los problemas de índole económica,
según informan los últimos datos obtenidos en el último informe del CIS.
El debate sobre la
corrupción esta instaurado en la ciudadanía de manera sólida. Existe un
consenso al considerarlo como un efecto totalmente negativo. Lo califican como
un “error del sistema” que el propio sistema debe solucionar. Es por esto, que
la propia ciudadanía con sus actos y movilizaciones, esta demandando una intervención pública que solvente esta issue.
Podemos decir que el conflicto sobre la corrupción y el fraude ha pasado de la
calificación de problema social a
demandar la introducción del mismo en la Agenda como problema público.
Como actores
principales y condicionantes de la emergencia de esta issue y dicha
introducción en la Agenda, podemos destacar a los movimientos ciudadanos de
reivindicación, desde sus inicios en plena burbuja especulativa financiera con
Enric Duran y sus intervenciones bancarias, hasta los grandes movimientos del
15-M que dieron lugar a la emergencia de Asambleas populares en barrios y
localidades más pequeñas. Esta segregación en pequeñas asambleas ha servido
para fomentar la participación ciudadana a pequeña escala (pueblos, pequeños
barrios, etc) causando un incremento de movilización y por consiguiente de
circulación de información.
Esta misma fluidez
en la comunicación provoca que la población sea consciente de los problemas y
conflictos sociales que puedan ir apareciendo en la sociedad y que éstos puedan
ser elevados con facilidad a la Agenda como problema público.
Al existir demanda
de información por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación dan
prioridad a este tipo de noticias. La afluencia de portadas no es sinónimo de
la cantidad de corrupción que puede existir en un país en cierto momento. Es
decir; la ausencia de noticias sobre corrupción hace una década no implicaba
que existiera transparencia política en ese momento, sino que el conflicto del
fraude y la corrupción no era considerado como un problema grave dentro de la
sociedad, y por lo tanto, no estaba considerado como un conflicto social
inminente que debía pasar a formar parte de la Agenda.
La situación actual
es bien distinta, y es por esto que el issue/conflicto sobre la corrupción y el
fraude ya entrado en el proceso de cambio de problema social a problema pública
dando lugar a su entrada en la Agenda. Diversos cargos políticos han
manifestado algunas propuestas que todo cabe decir, pueden resultar efectivas a
primera vista. Aunque solo pueden ser probadas si se llevan a cabo, ya que
actualmente se encuentran lejos del camino legislativo y más cerca de la
reflexión filosófica no probada. Este es el caso de las 51 propuestas y
reflexiones del President de la Generalitat, Artur Mas, en las que pueden
destacar la elaboración de una Ley de transparencia, introducir mecanismos para
fomentar la participación ciudadana o aumentar las penas para delitos de enriquecimiento
injustificado. Pero éstas y las 48 propuestas restantes solo quedan en eso;
reflexiones. Solo resultarían efectivas si se legislaran y se llevaran a cabo, y
hasta el momento este hecho no ha ocurrido.
Otro propuesta por
parte de los poderes políticos, ha sido del PP, instando a un pacto
anticorrupción al PSOE, los dos partidos mayoritarios en España. Cabe decir,
que los dos, encabezan las listas como los más corruptos del país.
Existen otro tipo de
propuestas por parte de especialistas, catedráticos, investigadores y
comunicadores, que circulan por el flujo de informaciones (que antes
mencionábamos) de la capa social que participa y se mantiene en movimiento,
además de aparecer en diversas publicaciones que ayudan a este flujo de
información.
Como ejemplo
encontramos el artículo publicado en el periódico “El País” por parte del
Profesor Víctor Lapuente en el que nos habla de diversas fórmulas para
controlar la corrupción y el fraude, utilizadas en algunos países nórdicos y en
Estados Unidos.
En los dos modelos
explicados, la ciudadanía pasa a formar parte como actor principal y no solo
como espectador de los hechos. Tanto en el modelo actual como en las propuestas
realizadas hasta ahora, la ciudadanía ostenta el papel de espectador, y es la
Administración la que regenta el poder de actuación.
En los modelos
explicados por el Profesor Lapuente, la ciudadanía pasa a obtener un grado de
actor principal a la hora de gestionar el conflicto. Pone énfasis en este
hecho, ya que será la característica diferencial del proceso que provoque en él
una eficiencia suficiente como para que sea totalmente eficaz. Se trata
entonces, de una implicación de la ciudadanía para llegar a formar parte del
control de la propia Administración y su gestión. Una introducción de control y
balance de los poderes.
Explica el modelo
americano del cazarrecompensas, que consiste en la actuación principal de la
ciudadanía como detector de aquellos actos que puedan resultar delictivos. La
Administración por su parte, recompensa monetariamente a aquellos ciudadanos
que detecten algún fraude y lo comuniquen a dicha Administración.
De esta manera, la
población es actor principal en el sistema de control de la ciudadanía y de la
propia gestión de la Administración. Por
su parte, la Administración americana pone a disposición de la ciudadanía los
mecanismos necesarios para que este sistema se lleve a cabo.
Además del modelo de
cazarrecompensas, también explica el modelo nórdico que a diferencia del
americano (que se centra en facilitar y favorecer a aquellos que revelen
información sensible que pueda ser utilizada para detectar fraude o corrupción)
se centra en incentivar la investigación y el periodismo.
El modelo nórdico se
basa en incentivar socialmente a la ciudadanía para que actúen ellos como
mecanismo de control. Esto se debe a la cultura cívica o política que existe en
este tipo de sociedades. La transparencia es uno de los valores que persiguen
este tipo de sociedades donde la cultura cívica es el motor de la efectividad
del sistema político del país.
Por lo tanto,
estamos ante dos fórmulas de cómo gestionar el conflicto de la corrupción y el
fraude a través de la incentivación de la participación ciudadana, pero con dos
maneras distintas de enfocar la actuación de la propia sociedad como actor
principal en la gestión de dicho conflicto.
Es cuestión de
tiempo, que la propia Administración española se de cuenta de que las medidas
utilizadas hasta ahora de establecimiento de mecanismos de control dentro del
propio sistema público no resultan efectivas. Manteniendo alejada a la
ciudadanía de cualquier forma de participación en la gestión del conflicto,
haciendo de ella, una simple espectadora de la situación, no van a conseguir un
resultado efectivo y eficaz de ninguna de las medidas anticorrupción
propuestas.
